En esta entrada abordamos tres perspectivas diferentes de lucha contra este flagelo transnacional: El Salvador, Colombia y Chile. ¿Qué posibilidades de éxito tienen en el actual escenario de criminalidad Latinoamericano?, veamos:
A pesar de que el surgimiento del fenómeno de delincuencia transnacional cuenta ya con varias décadas, desencadenado entre otros factores por la apertura de flujos comerciales entre los Estados, fue tan solo hasta los años 80 cuando se lo catalogó como una grave amenaza a la seguridad de América latina, gracias a la activación de corredores de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Las diversas manifestaciones delictivas pasaron de ser asuntos de seguridad nacional circunscritos a los limitados territorios de los Estados para erigirse en preocupaciones hemisféricas.
La oleada criminal recrudecida obligó entonces a la promulgación de varios documentos internacionales como la Convención de Palermo del año 2000, que además de dar una definición a un fenómeno en permanente cambio, facilitaría a los gobiernos firmantes mayores capacidades institucionales y dinamizaría los canales bilaterales y multilaterales de cooperación internacional encaminados a la lucha contra unos conglomerados criminales cada vez más poderosos y hábiles tanto para expandirse como para diversificar sus áreas de influencia.
Recientemente, tres iniciativas se han destacado en la escena Latinoamericana, presentando diferentes maneras de enfrentar un problema endémico de los Estados Modernos: La política de mano dura centroamericana, la propuesta de Paz Total de Gustavo Petro y La Política Nacional contra el Crimen Organizado, impulsada por Gabriel Boric en Chile.
De la mano dura a la paz total
Alabado por unos y vituperado por otros el presidente del Salvador Nayib Bukele, lleva un par de años implementando un esquema de contención violenta y enfrentamiento mediático contra la criminalidad en el territorio del Salvador, una política de mano dura cuestionable[i], alimentada por la censura, el resentimiento y la venganza.
El territorio Salvadoreño ya cumple casi un año en Estado de Excepción, anormalidad que ha permitido al mandatario aplastar las decisiones de los poderes judicial y legislativo, no obstante, las cifras de popularidad y la posibilidad de su reelección le respaldan. Lo que poco se comenta en los tabloides son los verdaderos orígenes de esa sorpresiva y encarnizada lucha contra las maras y lo aún más preocupante, los efectos a mediano y largo plazo de las políticas populistas y de marcado corte autoritario.
Tanto Colombia como el Salvador poseen una historia común de violencia y alarmantes índices de desigualdad, sin embargo, en el territorio sudamericano se adelanta una propuesta de lucha contra la criminalidad opuesta a la Salvadoreña: un intento de negociación y sometimiento a la justicia hacia la llamada paz total[ii].
La suscripción accidentada del Acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace pensar en las posibilidades de una nueva apertura a diálogos con las agrupaciones delincuenciales que siguen azotando a la población, lo complejo del panorama viene de la mano de la multiplicidad de agrupaciones, que ya suman más de veinte.
Cada agrupación con diferentes agendas y objetivos (no necesariamente políticos), múltiples orígenes, diversos grados de control territorial y esquemas dispares de organización interna, lo que complejiza un panorama de por sí ya enrarecido. La Paz Total se enmarca así, en una propuesta necesaria, pero de muy compleja realización y ejecución.
Chile por su parte, procura otorgar herramientas eficaces de lucha contra la criminalidad de la mano de su recientemente publicada Política Nacional contra el crimen organizado (PNCO)[iii], en ella se contemplan medidas de capacitación, formación institucional y de capital humano de agentes estatales, actualización tecnológica encaminada a sistemas de detección y el incremento de poder de fuego, así como a mayores posibilidades de interceptación de cadenas criminales en recintos carcelarios junto con esquemas de prevención, detección y una persecución penal más eficiente.
Cada uno de los ejes viene acompañado de varias líneas específicas de acción que requieren de la participación de todas las agencias y poderes del Estado, así como del acompañamiento internacional. El plan está sobre la mesa, dependerá de la conjunción de varias voluntades para su realización efectiva y de su continuidad más allá de intereses ideológicos o partidistas.
A pesar de los múltiples documentos internacionales y algunas loables propuestas, la lucha contra el crimen organizado transnacional, implica partir de la aceptación de éstos grupos como actores del sistema internacional, entender que las agrupaciones delictivas transnacionales se caracterizan por una gran flexibilidad, canales de negociación internacional expeditos y eficaces, esquemas jerarquizados, divisiones territoriales notorias y en la mayoría de los casos, una agenda interna con objetivos claramente definidos pero diversos.
Se hace preciso, articular las políticas de seguridad latinoamericana, fortaleciendo los canales existentes de cooperación con otras latitudes.
Finalmente, es importante reconocer que las grandes agrupaciones delictivas cuentan con un brazo político y uno propagandístico fundamental para su sostenimiento; brazos alimentados por la corrupción en todos los niveles, por la impunidad y la pobreza de Estados con un historial de profunda desigualdad y debilidad institucionales. Puntos estructurales a los que se suma el desconocimiento del papel del sector privado, especialmente el financiero, para la materialización efectiva de políticas contra el crimen organizado, ejes que hasta ahora no han sido abordados con suficiencia en las políticas de seguridad latinoamericanas.
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[i] Ver es este sentido entre otros, reportaje France 24 Bukele y un 2022 entre arrolladora popularidad y ribetes de autoritarismo – Especial noticias (france24.com) https://www.france24.com/es/programas/especial-noticias/20221231-bukele-y-un-2022-entre-arrolladora-popularidad-y-ribetes-de-autoritarismo.
[ii] Inicialmente se presenta de la mano de la prórroga de la Ley 418 de 1997 Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.
[iii] Ver Política Nacional contra el Crimen Organizado del Gobierno de Chile diciembre 2022 en https://media.elmostrador.cl/2022/12/Poli%CC%81tica-Nacional-contra-el-Crimen-Organizado-del-Gobierno-de-Chile-diciembre2022.pdf
IUS PRO OMNES 
Excelente Análisis, muchas Gracias.
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